Privatización, una mala palabra

El término privatización es muy usado por gente de la izquierda para manifestar cualquier intento del gobierno por dejar entrar a empresas en cuestiones de gobierno, a veces con razón y otra no. En mi país México hace algunos años se hizo una reforma energética donde se dejó que la iniciativa privada participara en la exploración y distribución del petróleo, así como se abrió la competencia para que gasolinera pudieran vender a parte de la empresa nacional Pemex. Estas medidas las consideré muy sensatas, sin embargo, creo que el gobierno no las aplicó correctamente y no ha dado los frutos esperados.

Es que desde hace décadas las empresas transnacionales, sobre todo las norteamericanas se han dedicado a meterse en países del tercer mundo para explotar recursos naturales a costa de comprar funcionarios públicos y han llegado hasta derrocar gobiernos. Lo hacen por el costo y las utilidades exorbitantes que pueden obtener, así como las laxas políticas ambientales que les dejan operar sin problemas haciendo cosas que nunca harían en sus países de origen.

Es comprensible que la privatización de cualquier servicio público como la salud, educación, agua, energía, etc. se vea con rechazo y es que hay siempre un ingrediente en todos estos manejos: la corrupción. El gobierno no tiene constructoras para hacer obra pública, por lo que todo es contratado mediante licitaciones, es ahí donde se da el mayor desvío de fondos. Desgraciadamente la ciudadanía pocas veces presiona al gobierno para que investigue estos casos y las sanciones son raras, así que los funcionarios tienen todo el incentivo para violar la ley.

Ningún gobierno puede funcionar sin involucrar a la iniciativa privada, hasta el más comunista del mundo acepta inversiones nacionales y extranjeras. Hay muchos casos donde esta dinámica funciona muy bien, aún con todos sus problemas. En México hace décadas el gobierno proveía las telecomunicaciones, y el servicio era un desastre. Ahora la competencia está abierta y el servicio mejoró bastante, así como los costos para el consumidor. Nadie se le ocurriría pedir que el gobierno vuelva a proveer el servicio telefónico.

Entonces ¿Dónde deberíamos pintar la raya para la entrada de la iniciativa privada en la esfera pública? Para empezar, el gobierno siempre debe de tener la conducción, en teoría funcionan para el bien de la ciudadanía, es la esencia de la democracia. Segundo, hay que tomar en cuenta que el propósito de las empresas es tener utilidades, por lo que darle a la iniciativa privada la prerrogativa de proveer los servicios públicos es una receta de desastre.

Lo que las democracias deben de evitar a toda costa son los monopolios. Por ejemplo, en Noruega hay una empresa del estado pero también hay inversión privada, todos compiten y el ganador es la ciudadanía. Como en muchos aspectos en la vida, el equilibrio es el mejor camino, la combinación entre las fuerzas democráticas y las fuerzas del mercado es la mejor apuesta.

Esto suena sencillo, pero es extremadamente complicado. En todos los gobiernos los trabajadores están organizados en sindicatos, normalmente éstos son los primeros que se oponen a cualquier intento de privatización, los sindicatos funcionan mejor con el estado ya que se confabulan en intereses, la iniciativa privada es enemiga de los sindicatos. Podemos estar de acuerdo en que la defensa de los intereses de los trabajadores es muy importante, sin embargo, la corrupción también aquí es muy prevalente, los líderes usan a los empleados para intereses oscuros.

En conclusión, el estado y la iniciativa privada se necesita uno a otro y el equilibrio de fuerzas da el mejor resultado. En toda actividad donde haya grandes transacciones de dinero, la ciudadanía debe estar presente, con transparencia y rendición de cuentas.

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