Los escándalos de corrupción de los gobernadores en México por fin han tenido consecuencias jurídicas, Guillermo Padrés gobernador panista de Sonora ya está en la cárcel y Javier Duarte, priista de Veracruz está prófugo de la justicia. Pero como lo indica un estudio del IMCO y el CIDE, prácticamente todos los gobernadores de México han sido acusados de corrupción, pero continuan con sus crímenes por la impunidad que ha imperado. Llegó el límite, gracias a las derrotas electorales del PRI en los estados de Veracruz, Chihuahua, Puebla, Durango y Quintana Roo, el presidente Peña Nieto finalmente comprendió que no se puede tapar el sol con un dedo y ya hubo consecuencias políticas de la corrupción. La estrategia del presidente es que mediante la nueva dirigencia del PRI, ponga de ejemplo a Duarte como cruzada anticorrupción, pero también embarre al PAN con la detención de uno de los suyos. Digo que es selectivo porque los priistas César Duarte de Chihuahua y Borges de Quintana Roo también tienen mucha cola que le pisen sin embargo no ha actuado la procuraduría de justicia.
La corrupción de los gobernadores ha ido creciendo y todo empezó el 3 de julio de 2000. Cuando Vicente Fox ganó las elecciones, el presidente Zedillo reunión a todos los gobernadores priistas y les dibujó la nueva realidad política, antes eran sumisos a los mandatos del presidente (por práctica política, no legal) incluso el presidente de la república llegaba a destituir a gobernadores. En el caso de Baja California, el presidente Salinas tuvo que remover a Xicoténcatl Leyva por el pésimo gobierno que tenía y su evidente alcoholismo. En el 2000 los gobernadores se dieron cuenta que ahora no tendrán que seguir las políticas del presidente, se atrincheraron en sus estados y se convirtieron en virreyes.
De ahí surgió la CONAGO, una asociación para hacerle frente al presidente Fox y después a Calderón (actualmente no tiene peso), los gobernadores impulsaban sus políticas y sobretodo los programas que les otorgara más presupuesto, pero también ejercían presión política. También los diputados y senadores dejaron de seguir la línea presidencial y trabajar para los gobernadores. Así fue cuando se trató de aprobar una reforma fiscal impulsada por Calderón, aunque ya se había negociado con el PRI, los diputados del Estado de México por instrucciones de Peña Nieto, votaron en contra. El poder de los gobernadores seguía subiendo.
Vivimos en un sistema republicano, federal, donde se distribuye el poder entre las entidades que conforman la nación, el hecho de que los gobernadores ejerzan su soberanía para las decisiones es favor de su población es bueno. La descentralización del poder es definitivamente positiva, pero ha ocurrido un fenómeno en este país donde la corrupción se ha asentado en los gobiernos estatales como nunca había sucedido escudándose precisamente de esta soberanía.
Y me pregunto, ¿dónde están los contrapesos en los estados? Existe el poder legislativo, judicial, la prensa y la sociedad civil precisamente para evitar los abusos de los gobernantes. La única conclusión es que todos los contrapesos se sometieron al gobernador, ya sea por complicidad, a la fuerza o con engaños. Para que un gobernador llegue a tales niveles de corrupción debe haber una red de complicidad bien tejida, por cierto, en todos estos casos hay empresas contratistas donde está involucrado el gobernador y hacen compras al gobierno con excesivos costos. Esto lo atribuyo a deliberadamente debilitaron la transparencia en el proceso de compras a partir de la administración de Peña Nieto y a que el sistema anticorrupción no se echaba a andar. La mayor corrupción ocurre en las compras a gobierno, esa debe ser la prioridad a atacar, se puede lograr con mayores controles y mayor transparencia.
Más complejo es reformar el sistema judicial del país que es sumamente deficiente y corrupto. Es una fábrica de impunidad donde se sentencian al 1% de los crímenes, es rentable ser criminal en este país y cuando un gobernador ve pasar por sus narices millones y millones de pesos, se ve tentado a “agarrar su parte” confiado en que no habrá consecuencias. Esperemos que con el reciente énfasis en la corrupción cambie esta tendencia.
Hay que decir que la respuesta de la sociedad es débil, aceptamos la corrupción como parte de la normalidad, no exigimos a nuestros gobernantes que se conduzcan de manera honesta, nos importa más nuestro bienestar, pero no el del país o del estado. Es cierto que hay grupos que impulsan acabar con la corrupción, la iniciativa 3 de 3 para transparentar las finanzas de los gobernantes apunta en buena dirección, pero no hay nada más que le teman los mandatarios a perder la simpatía de la población, equivale a perder peso político y el poder disminuye. Claro que es prerrequisito tener una ciudadanía bien informada y comprometida, ahí todos tenemos que hacer nuestra parte. La corrupción no se va a quitar solita.